El anteproyecto de Reforma contempla a las personas emigradas únicamente como medios de producción, no como seres humanos con plenos derechos, entre ellos el de la libertad de movimiento.
Conserva una regulación de la reagrupación familiar restrictiva y discriminatoria, que genera dependencia y desigualdad, manteniendo las disposiciones actuales que obligan a muchas mujeres a depender económicamente del marido. Se endurecen los requisitos para la reagrupación de los ascendentes y descendientes, privando a muchos ciudadanos y ciudadanas del derecho a vivir en familia.
Criminaliza al colectivo inmigrante aumentando los tiempos de detención en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de 40 a 60 días o incluso indefinidamente. Introduce así la Directiva de la Vergüenza (Directiva Europea de Retorno) en la legislación española. Cabe recordar aquí que las personas son retenidas en los CIE como auténticos delincuentes sin que hayan cometido delito alguno.
Establece la penalización con multa de hasta 10.000€ por el consentimiento en el empadronamiento de inmigrantes, lo que dificulta el acceso a la educación y la sanidad. Se castiga así el principio de solidaridad entre las personas sin medir sus consecuencias en el incremento de la xenofobia y el racismo.
La reforma no modifica la actual Ley para facilitar la regularización y la igualdad de derechos de las personas inmigradas. En la actual situación de crisis económica, la obligación de un contrato laboral para la regularización por arraigo, renovación de la tarjeta de residencia y la reagrupación familiar, condena a la pobreza y exclusión social a personas y familias ya establecidas.
El pretendido objetivo de la reforma de frenar la inmigración ilegal es una pretensión inútil. Los y las inmigrantes seguiremos cruzando fronteras mientras continué la desigualdad mundial entre los seres humanos. Ninguna ley podrá evitar la libertad de movimiento de las personas, lo que desgraciadamente sí hará, es perpetuar la exclusión y aumentar el sufrimiento y la explotación. Contra esto luchamos.
Por las consideraciones antes expuestas, demandamos.
1.- El cierre de los CIE, (Centros de Internamiento de Extranjeros).
2.- Establecimiento de un proceso de regularización de las personas sin papeles que no dependa del contrato de trabajo y eliminación de la obligación de 180 días cotizados para la renovación de permiso.
3.- Eliminar las restricciones para la reagrupación familiar, permiso de trabajo para los reagrupados
4.- La no penalización del principio de solidaridad.
5.- La igualdad de derechos plena entre inmigrantes y personas autóctonas incluyendo el derecho a participar o abstenerse en los procesos electorales que se produzcan.
Para concienciar al conjunto de la población de que si se restringen los derechos de las y los inmigrantes se comete una injusticia contra todos y todas, para oponernos a la aprobación de dicha reforma convocamos: